SALVADOR MILÀ
Director de l’àrea de presidència de l’AMB
Revisar y modernizar la organización territorial del Estado y su gobernanza es sin duda una de las prioridades que se desprenden del “Nuevo Acuerdo para España” firmado por la coalición progresistas PSOE-UP. El tema no puede limitarse a la “Actualización del Estado autonómico” (Punto 9 del Acuerdo) en el que se incluye la busca de soluciones dialogadas para “la crisis política en Cataluña”, sino que deberá atender también –con igual o mayor atención- a los problemas endémicos que afectan a las administraciones locales de todo tipo y tamaño, desde les grandes ciudades hasta los municipios de la “España vaciada”, al que se dedica el punto “9.8.-Ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales.” Encontrar soluciones factibles para este verdadero “problema de Estado” requerirá amplios consensos –más allá de los grupos que dan apoyo al nuevo gobierno progresistas- que no debería ser imposible alcanzar si nos atenemos a las coincidencias en muchos programas electorales y a las reivindicaciones de las entidades municipalistas.
Los electos locales, de todos los colores políticos llevan años reclamando que se dote a sus municipios y otros ámbitos de poder local de más y mejores capacidades para atender las necesidades básicas de sus vecinos y vecinas. Se trata no sólo de más recursos económicos y personales, sino de más competencias y sobre todo de más compromiso y más asistencia por parte de las administraciones autonómicas y del Estado, para poder incidir en el conocimiento y resolución efectiva de los requerimientos colectivos que hoy van más allá de los servicios básicos tradicionales.
No deja de sorprender que la invocación a la “igualdad” y “no discriminación” en el acceso a los bienes y servicios públicos para todos los ciudadanos del Estado sea uno de los principales argumentos esgrimidos en los agrios debates en torno a la configuración y reforma del Estado de las Autonomías y en cambio se olvide que las más lacerantes discriminaciones y desigualdades en el acceso a la vivienda, a la servicios asistenciales básicos, a la cultura, a la movilidad o a la calidad ambiental, se producen a pie de calle, en los municipios, tanto en las grandes ciudades –entre barrios o zonas- como en las localidades más pequeñas.
Recordemos que la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, declara que cualquier colectividad humana, asentada en un territorio y organizada institucionalmente, tiene derecho no sólo a preservar su identidad histórica y cultural, sino a que se garantice la “función social de la ciudad”, es decir, la plena efectividad de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, de forma que se garanticen los elementos básicos para la realización personal y colectiva de sus vecinos y vecinas. Este derecho tiene su correlativo en la obligación de las autoridades nacionales de implantar las normas y aportar las competencias y los recursos necesarios.
El llegar tarde ha de permitir abordar una reforma local pensada para la sociedad del siglo XXI, en que las ciudades y los ámbitos locales pasan a ser el escenario donde se viven y sufren, pero también pueden resolverse, los efectos de los grandes cambio sociales, económicos y ambientales generados a nivel global: incremento de las desigualdades y expulsión de residentes vulnerables; escasez de vivienda asequible y especulación inmobiliaria; incremento de la movilidad pero congestión y contaminación por encima de límites soportables en las ciudades; crecimiento en las grandes ciudades pero vaciamiento de los territorios periféricos e interiores; envejecimiento de la población o modificar las medidas más restrictivas para la autonomía local, como la “regla de gasto” y las que limitan sus competencias, recortan su financiación e impiden que puedan re-invertir los excedentes presupuestarios en más y mejores obras y servicios, así como darle la vuelta a la norma que ahora obliga a justificar que sea mejor y más efectiva la gestión directa de los servicios públicos que no su gestión indirecta por concesionarios privados –que no necesita justificación.
La primera cuestión a resolver es cómo hacer compatible el respeto y mantenimiento de la personalidad histórica y las identidades de los municipios, como ámbitos básicos de participación y autogobierno de las respectivas comunidades, por pequeñas que sean, con la garantía de la prestación de los servicios básicos tanto de tipo social, como los urbanos, así como los imprescindibles de asistencia técnica y administrativa. Esta cuestión debe resolverse facilitando legalmente y fomentando económicamente la constitución de ámbitos administrativos de carácter multinivel que garanticen la prestación de servicios y complementen las capacidades técnicas y administrativas, respetando las identidades locales. Desde la administración del Estado deben ponerse las bases legales y presupuestarias que permitan luego, a las diversas comunidades autónomas, desplegar sus propias normas y políticas locales ajustadas sus distintas realidades territoriales y demográficas.
En el otro extremo –el de las grandes aglomeraciones urbanas y sus áreas de influencia metropolitana o regional- deberá facilitarse la creación de ámbitos administrativos ajustados a esta mayor escala que no sólo puedan prestar servicios supralocales como el transporte público, las infraestructuras de abastecimiento y los grandes equipamientos y espacios libres compartidos, sino que también puedan implementar políticas de cohesión social, de re-equilibrio urbano, y equidistribución de recursos públicos para frenar los procesos de expulsión de los problemas sociales y ambientales a las periferias. Hay que pensar en instrumentos compartidos en ámbitos estratégicos como la rehabilitación urbana, la vivienda asequible, la dinamización económica, las políticas sociales, la movilidad y todo aquello que ponga freno a la segregación territorial y social.
El otro gran cambio necesario es el de la financiación de las administraciones locales, tanto incrementando los fondos de cooperación local y la participación en los impuestos del Estado, como especialmente una nueva fiscalidad local que supere la actual rigidez y desapoderamiento en relación a los grandes tributos locales, tanto en el aspecto de fijación de las bases imponibles y los tipos máximos, así como aportaciones económicas complementarias asociadas a la consecución de objetivos y la ejecución de planes y programas previamente acordados entre los tres niveles de administración. Hoy no tiene sentido el carácter local de impuestos como los de vehículos a motor o de actividades económicas, cuando la movilidad y las relaciones residencia-trabajo-consumo no conocen de límites municipales, dando lugar a situaciones injustas de infra-financiación o sobre-financiación, por razones de ubicación de polígonos de actividad o por competencia en rebajas fiscales.
Hay que establecer cuanto antes un sistema de fiscalidad local basado, de una parte en la participación equitativa en “bolsas” de impuestos con ámbito territorial metropolitano, regional o provincial –según situaciones- y de otra, en una participación más amplia y flexible en la nueva generación de tributos vinculados a la generación de riqueza, a las plusvalías y a la percepción de rentas del capital y el trabajo, sin olvidar la nueva fiscalidad ambiental.
Se trata en definitiva de mejorar el funcionamiento del modelo territorial en sus tres niveles: estatal, autonómico y local, a través de una más adecuada integración que permita a la ciudadanía –viva donde viva- sentirse partícipe en las decisiones de las distintas administraciones que le afectan pero también en recibir servicios y recursos.
(Article publicat a La Vanguardia el 7/1/2020)