Cada vez es más evidente la estrecha relación entre los retos para abordar, por un lado, los problemas ambientales -energía, cambio climático, contaminación, agotamiento de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad- y por otro, los sociales y económicos: -desempleo, calidad y precariedad del empleo, bajos salarios, desigualdades sociales y territoriales o las dificultades de acceso a la vivienda. Y sin embargo sigue habiendo una gran distancia, cuando no contraposición, entre las propuestas para abordar ambos problemas, y entre los agentes sociales y políticos que se implican en la formulación de soluciones, a partir de posicionamientos de partida que a menudo se presentan como excluyentes –de forma más o menos explícita-: o se está con la sostenibilidad del actual modelo social y económico, con las mínimas reformas imprescindibles, o se está por la sostenibilidad ambiental sin importar los cambios que sean necesarios en el orden económico y social.
En esta contraposición, los potentes sectores económicos, políticos y mediáticos vinculados a los negocios basados en los combustibles fósiles y en la sobreexplotación de los recursos naturales y sus derivados, buscan aliados entre los trabajadores y trabajadoras, ya sea en la agricultura y ganadería, en la industria y en los servicios, a los que se motiva para que se opongan a todo cambio del modelo productivo imperante con la consabida amenaza de la pérdida de empleos que tales cambios supondrían.
Por otro lado, también es cierto que algunos movimientos ecologistas o conservacionistas tienen planteamientos y formulan propuestas de cambios que son percibidos como radicales o poco sensibles con les necesidades de los trabajadores y trabajadores de los sectores productivos que mayores transformaciones deberán asumir en la transición energética y en la preservación y recuperación ecológica frente al vigente sistema económico insostenible. A estos sectores tradicionales e intensivos en mano de obra no les llegan –o no les convencen- las promesas de nuevos y mejores empleos, de la mejora de sus condiciones de vida como resultado de una nueva economía que será “verde y social”. A menudo esas promesas pueden resultar muy inconcretas en relación a las necesarias medidas de acompañamiento en la inevitable transición laboral y de “paraguas” protectores de unas mínimas condiciones salariales y sociales, ya por hoy amenazadas.
Lo cierto es que los acuciantes retos ambientales han llegado a un punto próximo al “no retorno” que requieren de cambios significativos y contundentes tanto en la producción como en el consumo de toda clase de bienes y servicios. Esta transición, a corto, medio y largo plazo deberá comportar cambios de modelos de vida y de valores o percepciones de lo que es el “estado del bienestar”. Pero también es cierto que si estos cambios deben ser gobernados por las actuales “clases dirigentes” económicas y políticas neoliberales, se resolverán con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y las trabajadoras y en general de las clases sociales populares. Habrá mayores recortes salariales, peores condiciones de trabajo, pérdidas de prestaciones y peores condiciones de salud y de vida –también las derivadas del cambio climático- como ya estamos viviendo en muchos países.
Hay que saber explicar la inviabilidad y la triple injusticia ambiental, social y territorial que supone el mantenimiento de un modelo productivo basado en el crecimiento continuado del consumo de los recursos energéticos, naturales y ambientales; no sólo en cada país, sino con una perspectiva más amplia, a escala mundial. Estamos inmersos en un sistema que para sostenerse necesita no sólo “pedalear” sin cesar, sino hacerlo cada vez más deprisa, en un circuito cerrado con recursos limitados como es nuestro planeta. Es este un modelo productivo en el que rige la “ley de hierro” de la progresiva e imparable concentración en unas pocas manos de la riqueza generada por el trabajo de muchos, con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales y territoriales.
Es por ello que faltan iniciativas potentes para promover una alianza estratégica del movimiento obrero -en el sentido más amplio- con los actores económicos y sociales más innovadores y comprometidos con formas más sostenibles de producir y consumir en todos los sectores, en la agricultura, la ganadería, la pesca, las industrias de todo tipo y los servicios. También se percibe como más necesaria que nunca la alianza con los movimientos sociales y con los agentes científicos, ecologistas y ambientalistas, para dotar de una base sólida al nuevo modelo económico, social y medioambiental, con una visión global, solidaria y responsable.
Este diálogo, imprescindible para forjar una alianza estratégica contra las injusticias sociales y ambientales del modelo actual, requiere de fuertes y coherentes apoyos. Hay que estrechar lazos con sindicatos y movimientos sociales transversales; con el mundo intelectual y científico. En este proceso resulta vital el sustento político por parte de fuerzas que tengan un programa factible y comprensible para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, desde la convicción de que los cambios, profundos y con una sólida base legal, son necesarios en nuestra economía y en nuestra sociedad. La transformación debe ir orientada a recuperar las condiciones ambientales, como única forma de preservar y ampliar las conquistas laborales y del estado de bienestar, de forma justa y equilibrada, con las personas y el planeta.
Se requieren nuevas ideas para afrontar los retos ambientales y sociales que pueden poner en jaque nuestra subsistencia como especie. Y estas propuestas sólo pueden ser formuladas de forma coherente y responsable por nuevas formaciones sociales y políticas; o si se prefiere, por la reformulación de aquellas ya existentes que demuestran día a día su firme compromiso con el impulso de tales medidas. Hacerlo posible requiere mucho diálogo, comprensión y generosidad por parte de todos los actores implicados, tanto de los movimientos sociales y ambientales, como del ámbito sindical, político, cultural y científico. Todos y todas con la firme voluntad de confluir en un nuevo movimiento transformador amplio y plural, con una sólida base organizativa y participativa, capaz de alcanzar en todos los ámbitos, también en los de gobierno, los objetivos imprescindibles de la justicia social y ambiental.
Salvador Milà
miembro del Consejo Nacional de Catalunya en Comú, fue Consejero de medio ambiente y vivienda de la Generalitat de Catalunya 2003-2006.
Artículo publicado en Catalunya Plural Septiembre de 2022