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TEJER ALIANZAS PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL
Cada vez es más evidente la estrecha relación entre los retos para abordar, por un lado, los problemas ambientales -energía, cambio climático, contaminación, agotamiento de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad- y por otro, los sociales y económicos: -desempleo, calidad y precariedad del empleo, bajos salarios, desigualdades sociales y territoriales o las dificultades de acceso a la vivienda. Y sin embargo sigue habiendo una gran distancia, cuando no contraposición, entre las propuestas para abordar ambos problemas, y entre los agentes sociales y políticos que se implican en la formulación de soluciones, a partir de posicionamientos de partida que a menudo se presentan como excluyentes –de forma más o menos explícita-: o se está con la sostenibilidad del actual modelo social y económico, con las mínimas reformas imprescindibles, o se está por la sostenibilidad ambiental sin importar los cambios que sean necesarios en el orden económico y social. En esta contraposición, los potentes sectores económicos, políticos y mediáticos vinculados a los negocios basados en los combustibles fósiles y en la sobreexplotación de los recursos naturales y sus derivados, buscan aliados entre los trabajadores y trabajadoras, ya sea en la agricultura y ganadería, en la industria y en los servicios, a los que se motiva para que se opongan a todo cambio del modelo productivo imperante con la consabida amenaza de la pérdida de empleos que tales cambios supondrían. Por otro lado, también es cierto que algunos movimientos ecologistas o conservacionistas tienen planteamientos y formulan propuestas de cambios que son percibidos como radicales o poco sensibles con les necesidades de los trabajadores y trabajadores de los sectores productivos que mayores transformaciones deberán asumir en la transición energética y en la preservación y recuperación ecológica frente al vigente sistema económico insostenible. A estos sectores tradicionales e intensivos en mano de obra no les llegan –o no les convencen- las promesas de nuevos y mejores empleos, de la mejora de sus condiciones de vida como resultado de una nueva economía que será “verde y social”. A menudo esas promesas pueden resultar muy inconcretas en relación a las necesarias medidas de acompañamiento en la inevitable transición laboral y de “paraguas” protectores de unas mínimas condiciones salariales y sociales, ya por hoy amenazadas. Lo cierto es que los acuciantes retos ambientales han llegado a un punto próximo al “no retorno” que requieren de cambios significativos y contundentes tanto en la producción como en el consumo de toda clase de bienes y servicios. Esta transición, a corto, medio y largo plazo deberá comportar cambios de modelos de vida y de valores o percepciones de lo que es el “estado del bienestar”. Pero también es cierto que si estos cambios deben ser gobernados por las actuales “clases dirigentes” económicas y políticas neoliberales, se resolverán con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y las trabajadoras y en general de las clases sociales populares. Habrá mayores recortes salariales, peores condiciones de trabajo, pérdidas de prestaciones y peores condiciones de salud y de vida –también las derivadas del cambio climático- como ya estamos viviendo en muchos países. Hay que saber explicar la inviabilidad y la triple injusticia ambiental, social y territorial que supone el mantenimiento de un modelo productivo basado en el crecimiento continuado del consumo de los recursos energéticos, naturales y ambientales; no sólo en cada país, sino con una perspectiva más amplia, a escala mundial. Estamos inmersos en un sistema que para sostenerse necesita no sólo “pedalear” sin cesar, sino hacerlo cada vez más deprisa, en un circuito cerrado con recursos limitados como es nuestro planeta. Es este un modelo productivo en el que rige la “ley de hierro” de la progresiva e imparable concentración en unas pocas manos de la riqueza generada por el trabajo de muchos, con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales y territoriales. Es por ello que faltan iniciativas potentes para promover una alianza estratégica del movimiento obrero -en el sentido más amplio- con los actores económicos y sociales más innovadores y comprometidos con formas más sostenibles de producir y consumir en todos los sectores, en la agricultura, la ganadería, la pesca, las industrias de todo tipo y los servicios. También se percibe como más necesaria que nunca la alianza con los movimientos sociales y con los agentes científicos, ecologistas y ambientalistas, para dotar de una base sólida al nuevo modelo económico, social y medioambiental, con una visión global, solidaria y responsable. Este diálogo, imprescindible para forjar una alianza estratégica contra las injusticias sociales y ambientales del modelo actual, requiere de fuertes y coherentes apoyos. Hay que estrechar lazos con sindicatos y movimientos sociales transversales; con el mundo intelectual y científico. En este proceso resulta vital el sustento político por parte de fuerzas que tengan un programa factible y comprensible para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, desde la convicción de que los cambios, profundos y con una sólida base legal, son necesarios en nuestra economía y en nuestra sociedad. La transformación debe ir orientada a recuperar las condiciones ambientales, como única forma de preservar y ampliar las conquistas laborales y del estado de bienestar, de forma justa y equilibrada, con las personas y el planeta. Se requieren nuevas ideas para afrontar los retos ambientales y sociales que pueden poner en jaque nuestra subsistencia como especie. Y estas propuestas sólo pueden ser formuladas de forma coherente y responsable por nuevas formaciones sociales y políticas; o si se prefiere, por la reformulación de aquellas ya existentes que demuestran día a día su firme compromiso con el impulso de tales medidas. Hacerlo posible requiere mucho diálogo, comprensión y generosidad por parte de todos los actores implicados, tanto de los movimientos sociales y ambientales, como del ámbito sindical, político, cultural y científico. Todos y todas con la firme voluntad de confluir en un nuevo movimiento transformador amplio y plural, con una sólida base organizativa y participativa, capaz de alcanzar en todos los ámbitos, también en los de gobierno, los objetivos imprescindibles de la justicia social y ambiental. Salvador Milà miembro del Consejo Nacional de Catalunya…
El dret a la metròpoli
El 7 d’octubre és el Dia Mundial Metropolità en commemoració de l’aniversari de la Declaració de Montreal sobre Àrees Metropolitanes (2015), com a portaveu del grup metropolità En Comú Guanyem voldria apuntar algunes reflexions, reptes i propostes en clau metropolitana en el context d’emergència climàtica i de l’agreujament de problemes socials i econòmics que s’han fet més evidents amb la pandèmia COVID-19. Estic convençuda que el dret a la ciutat, plantejat a la segona meitat del segle XX, ha d’incorporar necessàriament al segle XXI la dimensió del dret a la metròpoli, entesa aquesta com a assentament humà amb diversos centres urbans de personalitat pròpia i necessitats comunes. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) avui es un territori amb 36 municipis, inclosa la ciutat de Barcelona, que en un 2% del territori català aplega, amb més de 3,2 milions d’habitants, més del 43% de la població de Catalunya; un territori que concentra més del 50% dels llocs de treball. Una institució de segon nivell, potser no prou coneguda per la ciutadania però sí reconeguda pels poders locals i pels tècnics i experts urbans. Disposar des del 2010 de l’AMB com a única institució de govern metropolità de l’Estat espanyol, reconeguda per llei, és una oportunitat que hem de seguir aprofitant en benefici de totes les veïnes i veïns i de la gran metròpoli que configuren els nostres municipis. La metròpoli ja existeix i, davant de la doble emergència social i climàtica que vivim als nostres barris i ciutats, tenim el deure i la voluntat de treballar per la seva sostenibilitat social i ambiental a partir de la doble acció de la ciutadania organitzada i d’una nova institució metropolitana més democràtica i consolidada. La institució de govern metropolità és necessària i útil, com s’ha posat de manifest en l’àmbit territorial de Barcelona, per això mateix cal millorar-la, tant des del punt de vista tècnic i administratiu com des del punt de vista de la qualitat democràtica, la participació i la transparència, alhora que obrim la reflexió sobre el seu àmbit territorial. Entretant hem d’establir espais de concertació i acords amb les ciutats i pobles de la Regió Metropolitana, com ja s’està fent amb l’experiència exitosa de la formulació del Pla Estratègic Metropolità “Barcelona Demà” de vocació explícitament regional. Una metròpolis postpandèmia que ha d’exercir totes les seves capacitats de govern, produir polítiques públiques i reforçar la seva governança democràtica tenint present que ja no es tracta només de recuperar la normalitat anterior sinó que cal construir la nova realitat transformant i impulsant els nous reptes que facin front a les desigualtats socials i l’emergència climàtica més accentuades amb la pandèmia. No gens menys resulta sorprenent que a l’Estat espanyol siguem la única àrea metropolitana reconeguda. Si mirem els països del nostre entorn, la configuració de les metròpolis i la seva governança està molt arrelada i en procés de noves construccions amb les seves especificitats però, en totes elles, s’insereix la resposta a reptes comuns territorials des d’una mirada compartida en la planificació del territori, la prestació de serveis i la resposta coordinada als reptes en un marc ampli de cooperació de les institucions amb els agents econòmics i socials. L’AMB com a govern multinivell ha de ser actor propositiu en la defensa dels béns comuns, en el desplegament de les polítiques públiques en la transició ecològica amb una mobilitat eficient i sostenible ambientalment, amb l’impuls de la transició energètica i l’acompanyament a les comunitats locals energètiques, en la preservació del litoral, el verd i els espais agrícoles i forestals. No podem passar per alt que l’origen social, el nivell de renda i els barris de residència son tres factors entrecreuats que fragmenten encara més l’estructuració social i comunitària de la metròpolis. Les desigualtats en les condicions de l’habitatge, els temps de cura, la dimensió digital i l’educació, l’impacte de la salut diferencial per rangs socioeconòmics i de barris, la solitud que afecta a les persones més vulnerables, son diferents vectors que han aflorat amb més evidència al llarg d’aquest període i que sols poden ser abordades de forma efectiva amb una actuació supramunicipal i coordinada. És per això que l’AMB orienta les seves polítiques cap a la inclusió social garantint habitatge digne, establint xarxes socioeducatives i de cures metropolitanes, fent front a la vulnerabilitat social i les emergències des d’una intervenció metropolitana, apostant per la regeneració urbana amb l’actuació cap a uns barris verds, inclusius i generadors d’ocupació. La nostra administració metropolitana ha de ser també un agent impulsor de la innovació econòmica com estratègia de reactivació econòmica i d’ocupació amb un model productiu més verd i digital. Una commemoració que ens posa deures per superar les dinàmiques quotidianes i ens esperona a posar solucions per a un futur sostenible i inclusiu i alhora fer més democràtica i participativa l’administració metropolitana per dotar-la de més autoritat política i moral. Laura Campos i Ferrer Portaveu del Grup metropolità En Comú Guanyem
Barcelona dona el tret de sortida a la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible agafant el relleu de Milà i València
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, un projecte que anirà més enllà dels límits de la ciutat per arribar a tota la regió metropolitana amb l’objectiu de projectar-se al món com un dels grans pols globals d’impuls a l’alimentació sostenible. La ciutat recull així el testimoni de Milà, seu de la primera Cimera Global de Ciutats per l’Alimentació Sostenible al 2015, i de València, capital de l’Alimentació Sostenible l’any 2017. L’any de la capitalitat inclourà el desenvolupament de més de 90 projectes i polítiques de foment de l’alimentació sostenible i una programació que s’estendrà d’inicis d’any fins al desembre. Culminarà amb el 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà a la tardor de 2021, amb la participació de més de 200 ciutats d’arreu del món, un pacte que posa en valor el paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles i impulsa l’accés a aliments saludables, actuant contra la fam i la malnutrició. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, treballarà com a pol urbà metropolità Les ciutats estan recuperant el seu paper en les polítiques alimentàries. En els darrers anys, Barcelona i altres ciutats del món han començat a desenvolupar polítiques en aquest sentit. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona va elaborar la seva primera Estratègia de Política Alimentària (2016-2019) i des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es va impulsar durant els darrers tres anys un procés on han participat més de 100 actors del sector alimentari per configurar la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta Carta Alimentària constitueix un instrument que ha de servir per impulsar i coordinar el desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. Amb aquest objectiu, Barcelona i l’Àrea Metropolitana promouen l’adhesió dels municipis que en formen part de cara al 2021, una adhesió de gran importància tenint en compte que la RMB és, en el seu conjunt, un pol destacat tant de producció alimentària com d’indústria de transformació, i sobretot, aplega la major part del consum i comercialització de Catalunya. La presència dels municipis de la metròpolis de Barcelona suposa, per tant, la incorporació d’actors clau dins del sistema alimentari, com la pagesia, els mercats de proximitat o el sòl agrícola que aporta el Parc Agrari del Baix Llobregat, entre d’altres. Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 ha de contribuir, doncs, a impulsar polítiques alimentàries en l’àmbit metropolità amb una implicació transversal de la societat i a continuar posicionant Barcelona a nivell internacional quant a política alimentària. Es posaran en marxa tres grans línies d’acció: – El desplegament d’una norantena de polítiques i projectes alimentaris – Un programa d’esdeveniments al llarg de l’any; i – La construcció d’una Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 que marqui el full de ruta després del 2021. Tot aquest conjunt d’activitats culminarà a la tardor de 2021 amb la celebració del 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, per a la qual Barcelona va ser escollida com a seu a la tardor de 2019. Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 i Carta Alimentària de la Regió Metropolitana La construcció d’una Estratègia de Política Alimentària amb horitzó 2030 serà un dels grans eixos vertebradors de la Capital Mundial d’Alimentació Sostenible de Barcelona. L’Estratègia s’anirà construint al llarg de l’any i acabarà constituint el full de ruta que seguirà la metròpoli de Barcelona amb la indicació dels àmbits clau de les polítiques alimentàries i els objectius que s’han d’assolir per anar canviant la cultura de l’alimentació a casa nostra. L’elaboració de l’Estratègia té com a punt de partida la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM), en la que han participat més de 100 actors i a la que es vol promoure l’adhesió dels municipis metropolitans, i inclourà l’activació d’un Consell Alimentari en el marc de l’estratègia alimentària 2030. La CARM és un instrument clau de posicionament compartit i de coordinació estratègica per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana. Més de 100 actors han participat durant més de 2 anys per obtenir aquest document. D’aquesta manera s’ha establert un marc de treball comú per facilitar espais de participació, acció i estratègia per al desenvolupament de polítiques alimentàries en clau de regió metropolitana amb la participació de les administracions públiques, el sector productiu, el món acadèmic, la ciutadania i organitzacions ciutadanes, i els mitjans de comunicació. En aquest sentit el passat plenari municipal la va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals visibilitzant un suport polític transversal a aquesta temàtica i a l’enfocament que marca la Carta. La Carta facilita la participació i la governança per crear una base social i institucional implicada, defensa un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i ecològic i prioritza l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia. En aquest sentit, vol ser palanca per a què s’impulsin projectes i iniciatives que afavoreixin el canvi de model alimentari i per a què es coordinin tots els que ja existeixen, com poden ser espais i parcs agraris, xarxa de centres d’intercanvi aliments de proximitat, prevenció del malbaratament a menjadors escolars o Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada. Així, el document integra la mirada metropolitana en la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 promovent el desenvolupament per part dels municipis adherits d’una Estratègia Alimentària Municipal, incorporant esdeveniments en els diferents municipis de la regió dins el programa de la capitalitat, organitzant esdeveniments a cada municipi durant la Setmana de l’Alimentació Sostenible, o desenvolupant projectes municipals alineats amb la CARM i el Pacte de Milà. Barcelona, 3 de desembre de 2020
Catalunya, Barcelona, El Prat: un acuerdo para el siglo XXI
LLUÍS MIJOLER Alcalde de El Prat de Llobregat i vicepresident de l’AMB El aeropuerto del Prat ha vuelto a superar este 2019 los 50 millones de pasajeros. No hay duda: hay que plantear cuál es su futuro. Pero debemos hacerlo de forma seria. La urgencia acostumbra a ser mala consejera. Para dilucidar a dónde queremos dirigirnos, debemos saber de dónde venimos y dónde estamos. El delicado equilibrio territorial del Delta del Llobregat es fruto de un consenso que forjaron en su día las administraciones local, catalana y estatal. Esto permitió que hoy convivan en este lugar grandes infraestructuras, unos Espacios Naturales protegidos por la UE, y un Parque Agrario cada vez más relevante. El espacio natural protegido de la Ricarda es un buen ejemplo de ello. Al lado mismo de las pistas del aeropuerto, el enclave forma parte del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), de la Red Natura 2000, está incluido en el inventario de zonas húmedas, y es una zona de importancia para las aves. Se trata, en palabras de Joan Pino, director del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (Creaf), de “la laguna más natural que tiene el Delta del Llobregat, aunque hay voces interesadas que hablan de que está degrada”. Constituye además una pieza más del parque agrario del Baix Llobregat. Y conserva en su seno alguna de las joyas de la historia de la arquitectura catalana del siglo XX, como bien relataba este periódico el 3 de junio del 2012 en el espléndido reportaje “Salvemos la Ricarda”. Cualquier revisión de este equilibrio territorial en el Delta debe contar con todas esas administraciones, empezando por el Ayuntamiento del territorio del cual hablamos. No se puede decidir sobre el territorio del Prat sin contar con el Prat. Y el Prat tiene claro cuál fue la piedra angular del acuerdo alcanzado en su día y vigente hoy: la asunción de que no hay más espacio para nuevas ampliaciones de infraestructuras. A ello debe añadirse otra reflexión. Barcelona es hoy un área metropolitana con una calidad del aire preocupante, que ha motivado apercibimientos de sanción por parte de la UE. Un área que debe reducir sus focos de emisión y emisores difusos de contaminación. Nos va la salud en ello, y no sólo: nos estamos jugando el futuro de la vida en el planeta. Por ello diversos municipios barceloneses están declarando la emergencia climática y se despliegan medidas como la Zona de Bajas Emisiones. No podemos pedir a la ciudadanía que prescinda de sus vehículos más antiguos y no revisar, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental del plan director del aeropuerto que data del siglo pasado. La propuesta, esperemos que más mediática que real, de pavimentar la Ricarda para ampliar la tercera pista del aeropuerto parece ignorar todo esto. Corremos el riesgo de perder dos o tres preciosos años debatiéndola como “desarrollistas” que no tienen en cuenta la normativa ambiental de la UE. Y que al final, las autoridades europeas nieguen dicha ampliación. Propongo que aparquemos esta idea. Porque además de inviable, no es ni oportuna ni va con el signo de los tiempos. Hay alternativas mejores. En lugar de parches, forjemos acuerdos de país. Sobre qué modelo aeroportuario queremos, y sobre qué equilibro metropolitano perseguimos. Una propuesta que se sitúa en lo que es el sentido común en 2020. Como defendían en estas páginas las directoras y directores de los aeropuertos del Prat, Girona, Reus y Sabadell, la gestión de estas cuatro infraestructuras debe pensarse de forma coordinada. Impulsar sin límite el Prat implica dejar morir por inanición Reus y Girona. Impulsemos una mesa sobre el futuro aeroportuario de Catalunya y Barcelona, en la que se sienten las administraciones concernidas, desde la Generalitat y ayuntamientos hasta AENA. Hablemos, por ejemplo, de cómo debemos conectar estas infraestructuras a la red ferroviaria de alta velocidad, y cómo aprovechamos esta red para promover alternativas sostenibles a vuelos de corto alcance, como están planteando muchos países europeos. Haría bien AENA en pensar como desarrolla la potencialidad de la ciudad aeroportuaria del Prat, reflexión que debería traducirse en un aeropuerto que aprovecha todas sus potencialidades sin necesidad de afectar espacios protegidos ni empeorar la calidad del aire del área metropolitana de Barcelona. En paralelo, es hora de poner en valor los espacios protegidos. No somos una región metropolitana más. Somos una región metropolitana mediterránea, que se verá afectada por el cambio climático de forma severa. A las puertas de la mayor crisis climática que jamás hayamos vivido, debemos pensar y gestionar mejor aquello que nos conecta con el planeta. Y esto pasa no sólo por dotar de forma suficiente el Consorci del Delta y el del Parc Agrari, que gestionan unos espacios de un valor ambiental y agrícola extraordinarios. Sino en dar a este patrimonio irreemplazable una visión ambiciosa, global, que lo convierta en lo que es: la principal infraestructura ambiental metropolitana. (Publicat a La Vanguardia el 29/1/2020)
Les ciutats ja no estem soles
LLUÍS MIJOLER Alcalde de El Prat de Llobregat i vicepresident de l’AMB Encetem el 2020 amb una onada d’esperança: per primer cop des de la recuperació de la democràcia s’ha assolit un govern de coalició d’esquerres a l’Estat. Sens dubte, aquest executiu haurà d’entomar grans contradiccions. Però neix amb l’objectiu de ser el més avançat que hem tingut des del 1978. Per això, neix també entre el soroll eixordador i gairebé colpista de la dreta, la ultradreta i la ultra-ultradreta. Perquè els portaveus dels poderosos saben que aquesta és una victòria que ve de lluny, i que és deutora de molta gent. Aquesta és, en primer lloc, una victòria de la gent comuna. De la gent que va omplir les places el 15-M, i de la gent que porta moltes dècades a peu de carrer, a peu de fàbrica; a peu de lluita. De persones compromeses, intel·ligents i audaces. Persones com l’Aina Vidal, una jove diputada d’En Comú Podem que va encarnar a la sessió d’investidura la dignitat i la valentia d’aquesta gent i a qui li transmetem tota la força i estima en la seva lluita contra el càncer. I aquesta és també una victòria de les ciutats. En els darrers anys, molts municipis hem estat baluards solitaris d’esperança per tota aquella gent colpejada per la crisi. Mentre altres institucions com l’Estat o la Generalitat naufragaven en la paràlisi i el bloqueig, els ajuntaments no ens podíem permetre aturar-nos; no podíem deixar de donar respostes a la ciutadania. Les hem donat, i les hem donat mentre els governs conservadors i inoperants del PP ens retallaven competències i recursos, amb lleis com la LRSAL. La dreta sap que, històricament, el municipalisme ha estat una llavor de canvi i transformació. Per això va impulsar aquesta norma, que es pot titllar de llei mordassa dels municipis. És esperançador que un dels primers compromisos del nou govern sigui derogar-la i ampliar les competències dels governs locals. No és l’únic acord de la nova coalició que haurà de permetre’ns avançar en la construcció d’unes ciutats més pròsperes, justes i netes. El nou executiu també s’ha marcat el deure d’impulsar una mobilitat sostenible, amb especial èmfasi en les necessitats d’àrees metropolitanes com la que habitem. Per descomptat, serà determinant que es materialitzin els compromisos que, d’una vegada per totes, permetin que el dret constitucional a un habitatge digne sigui quelcom més que paper mullat. També és urgent reformar la legislació laboral regressiva del PP per tal d’acabar amb el fenomen dels i les treballadores pobres: persones que, tot i estar en actiu, pateixen unes condicions tan precàries que necessiten igualment el suport d’acció social. Sense oblidar que les ciutats hem de ser agents imprescindibles en una transició energètica i una agenda de desenvolupament sostenible que el nou govern vol entomar amb la prioritat i urgència que requereix l’emergència climàtica que patim. Massa sovint en la darrera dècada, els municipis hem estat illes on demostràvem que sí que es podia; que hi havia alternativa a les receptes fracassades del passat. Ara ja no estem soles. Ara, hem d’acompanyar amb la nostra experiència i la nostra exigència el nou govern perquè també a l’Estat demostrem que sí, que es pot governar diferent al servei de la gent. S’ha acabat el temps del bloqueig i de la solitud de les ciutats. Ja tenim un aliat a l’Estat. I ara, caldrà que el tinguem també a Catalunya. (Publicat a El Far el 9/1/2020)
Mucho más que otra reforma del régimen local
SALVADOR MILÀ Director de l’àrea de presidència de l’AMB Revisar y modernizar la organización territorial del Estado y su gobernanza es sin duda una de las prioridades que se desprenden del “Nuevo Acuerdo para España” firmado por la coalición progresistas PSOE-UP. El tema no puede limitarse a la “Actualización del Estado autonómico” (Punto 9 del Acuerdo) en el que se incluye la busca de soluciones dialogadas para “la crisis política en Cataluña”, sino que deberá atender también –con igual o mayor atención- a los problemas endémicos que afectan a las administraciones locales de todo tipo y tamaño, desde les grandes ciudades hasta los municipios de la “España vaciada”, al que se dedica el punto “9.8.-Ampliar las competencias y capacidades de los gobiernos locales.” Encontrar soluciones factibles para este verdadero “problema de Estado” requerirá amplios consensos –más allá de los grupos que dan apoyo al nuevo gobierno progresistas- que no debería ser imposible alcanzar si nos atenemos a las coincidencias en muchos programas electorales y a las reivindicaciones de las entidades municipalistas. Los electos locales, de todos los colores políticos llevan años reclamando que se dote a sus municipios y otros ámbitos de poder local de más y mejores capacidades para atender las necesidades básicas de sus vecinos y vecinas. Se trata no sólo de más recursos económicos y personales, sino de más competencias y sobre todo de más compromiso y más asistencia por parte de las administraciones autonómicas y del Estado, para poder incidir en el conocimiento y resolución efectiva de los requerimientos colectivos que hoy van más allá de los servicios básicos tradicionales. No deja de sorprender que la invocación a la “igualdad” y “no discriminación” en el acceso a los bienes y servicios públicos para todos los ciudadanos del Estado sea uno de los principales argumentos esgrimidos en los agrios debates en torno a la configuración y reforma del Estado de las Autonomías y en cambio se olvide que las más lacerantes discriminaciones y desigualdades en el acceso a la vivienda, a la servicios asistenciales básicos, a la cultura, a la movilidad o a la calidad ambiental, se producen a pie de calle, en los municipios, tanto en las grandes ciudades –entre barrios o zonas- como en las localidades más pequeñas. Recordemos que la “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad”, declara que cualquier colectividad humana, asentada en un territorio y organizada institucionalmente, tiene derecho no sólo a preservar su identidad histórica y cultural, sino a que se garantice la “función social de la ciudad”, es decir, la plena efectividad de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, de forma que se garanticen los elementos básicos para la realización personal y colectiva de sus vecinos y vecinas. Este derecho tiene su correlativo en la obligación de las autoridades nacionales de implantar las normas y aportar las competencias y los recursos necesarios. El llegar tarde ha de permitir abordar una reforma local pensada para la sociedad del siglo XXI, en que las ciudades y los ámbitos locales pasan a ser el escenario donde se viven y sufren, pero también pueden resolverse, los efectos de los grandes cambio sociales, económicos y ambientales generados a nivel global: incremento de las desigualdades y expulsión de residentes vulnerables; escasez de vivienda asequible y especulación inmobiliaria; incremento de la movilidad pero congestión y contaminación por encima de límites soportables en las ciudades; crecimiento en las grandes ciudades pero vaciamiento de los territorios periféricos e interiores; envejecimiento de la población o modificar las medidas más restrictivas para la autonomía local, como la “regla de gasto” y las que limitan sus competencias, recortan su financiación e impiden que puedan re-invertir los excedentes presupuestarios en más y mejores obras y servicios, así como darle la vuelta a la norma que ahora obliga a justificar que sea mejor y más efectiva la gestión directa de los servicios públicos que no su gestión indirecta por concesionarios privados –que no necesita justificación. La primera cuestión a resolver es cómo hacer compatible el respeto y mantenimiento de la personalidad histórica y las identidades de los municipios, como ámbitos básicos de participación y autogobierno de las respectivas comunidades, por pequeñas que sean, con la garantía de la prestación de los servicios básicos tanto de tipo social, como los urbanos, así como los imprescindibles de asistencia técnica y administrativa. Esta cuestión debe resolverse facilitando legalmente y fomentando económicamente la constitución de ámbitos administrativos de carácter multinivel que garanticen la prestación de servicios y complementen las capacidades técnicas y administrativas, respetando las identidades locales. Desde la administración del Estado deben ponerse las bases legales y presupuestarias que permitan luego, a las diversas comunidades autónomas, desplegar sus propias normas y políticas locales ajustadas sus distintas realidades territoriales y demográficas. En el otro extremo –el de las grandes aglomeraciones urbanas y sus áreas de influencia metropolitana o regional- deberá facilitarse la creación de ámbitos administrativos ajustados a esta mayor escala que no sólo puedan prestar servicios supralocales como el transporte público, las infraestructuras de abastecimiento y los grandes equipamientos y espacios libres compartidos, sino que también puedan implementar políticas de cohesión social, de re-equilibrio urbano, y equidistribución de recursos públicos para frenar los procesos de expulsión de los problemas sociales y ambientales a las periferias. Hay que pensar en instrumentos compartidos en ámbitos estratégicos como la rehabilitación urbana, la vivienda asequible, la dinamización económica, las políticas sociales, la movilidad y todo aquello que ponga freno a la segregación territorial y social. El otro gran cambio necesario es el de la financiación de las administraciones locales, tanto incrementando los fondos de cooperación local y la participación en los impuestos del Estado, como especialmente una nueva fiscalidad local que supere la actual rigidez y desapoderamiento en relación a los grandes tributos locales, tanto en el aspecto de fijación de las bases imponibles y los tipos máximos, así como aportaciones económicas complementarias asociadas a la consecución de objetivos y la ejecución de planes y programas previamente acordados entre los tres niveles de administración. Hoy no tiene sentido…